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Ni el presidente ni Euclides, ni nadie, tiene derecho a hacer nombramientos con fines electoreros y como premios políticos, en desmedro del bienestar y la institucionalidad del país.
Cualquier gobernante o funcionario que justifique las botellas con las precariedades y miserias de su pueblo, está admitiendo su ineptitud en la implementación de las iniciativas y reformas pertinentes para que la gente, (gente en sentido general y en igualdad de condiciones, no grupos privilegiados por nepotismos, tráficos de influencias y deudas políticas), pueda integrarse dignamente al sector productivo y pueda vivir sin andar vivaqueando políticos corruptos, sin integridad y sin formación social ni política para entender que un Estado no puede funcionar como un colmadón de esquina.
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